Medidas de prevención-1

Índice del capítulo:

4.2 Medidas de prevención y procedimientos de actuación

4.2.1 Valoración específica sobre las medidas de prevención y procedimientos de actuación
4.2.2 Valoración específica de las medidas de formación adoptadas como medio de prevención frente a los riesgos de abusos sexuales
4.2.3 Conferencia Episcopal Española
4.2.4 Archidiócesis y Diócesis
4.2.6 Conferencia Española de religiosos (CONFER)
4.2.7 Institutos religiosos (Órdenes y congregaciones religiosas)
4.2.8 Institutos Seculares
4.2.9 Otras instituciones de la Iglesia

4.2 Medidas de prevención y procedimientos de actuación

Sentado lo anterior, se procede, a continuación, a exponer de forma ordenada, sistemática y debidamente desglosada la información y los datos obtenidos de las diversas instituciones de la Iglesia Católica auditadas, comenzando por la CEE.

4.2.1 Valoración específica sobre las medidas de prevención y procedimientos de actuación.

Sentado lo anterior, se procede seguidamente a efectuar una valoración específica de las medidas de prevención, control y sensibilización adoptadas en el seno de la Iglesia Católica en España.

a) Existe una sincera concienciación en el seno de la Iglesia sobre la importancia de la prevención y de los sistemas de detección de riesgos en materia de abusos sexuales

La primera valoración específica que cabe realizar a la vista de las reuniones de indagación mantenidas y los documentos examinados en materia de prevención del conjunto de las instituciones de la Iglesia auditadas es una sincera concienciación en el seno de la Iglesia sobre la importancia de la prevención en materia de abusos sexuales; lo cual, ha tenido fiel reflejo en el conjunto de las iniciativas y medidas adoptadas en forma de protocolos (generales o especiales), normas o códigos de conducta y planes de formación y de sensibilización, entre otras.

Particular relevancia ha tenido la creación y puesta en funcionamiento de las oficinas, comisiones o servicios de protección de menores y recepción de denuncias en el seno de las diócesis y de las instituciones de la Iglesia (particularmente, los institutos de vida consagrada).

Ello no puede significar en modo alguno que las instituciones de la Iglesia puedan caer en la autocomplacencia, sino en la convicción sobre la necesidad de perseverar en el camino emprendido, superando las dificultades derivadas de la diversidad institucional de la Iglesia y corrigiendo las debilidades o imperfecciones que puedan apreciarse en las iniciativas y medidas adoptadas.

b) Una poco deseable situación de heterogeneidad y dispersión

La segunda valoración específica que cabe realizar a la vista de los documentos examinados en materia de prevención del conjunto de las instituciones de la Iglesia auditadas, y que reviste una especial trascendencia, es la existencia de una poco deseable situación de “heterogeneidad” y “dispersión”, desde una doble perspectiva, a saber:

De una parte, la velocidad y los tiempos en los que se han elaborado, aprobado y comenzado la aplicación de los diversos instrumentos (protocolos, código de buenas prácticas, etc.).
Y, de otra parte, el contenido de las medidas que se incorporan a dichos instrumentos.

En efecto, una apreciación conjunta y comparativa de los documentos a los que se ha tenido acceso pone de manifiesto que hay diócesis e instituciones que cuentan con protocolos de prevención y actuación propios y otras que han asumido directamente las normas y pautas establecidas por la Santa Sede, a través del Romano Pontífice y la Congregación para la Doctrina de la Fe, o por la CEE.

Por otra parte, dentro de las diócesis e instituciones que cuentan con protocolos de prevención y actuación propios, las hay que se han limitado a un protocolo de carácter general, y otras que han diversificado entre u protocolo general y otros especiales por razón de ámbitos o actividades concretas o por destinatarios específicos, además de normas o códigos de conducta.

A su vez, dentro de esta misma categoría de diócesis e instituciones que cuentan con protocolos de prevención y actuación propios, aunque su contenido no suele ser muy dispar, no son idénticos.

Particular relevancia adquiere la observación acerca de la situación de heterogeneidad y dispersión con respecto a las medidas de selección y contratación de personal, pues no todas las diócesis exigen los mismos requisitos y documentos para trabajar con menores, aunque los básicos sean fundamentalmente comunes con ciertas variantes en cuanto a las pruebas que han de practicarse para garantizar una selección o contratación lo más segura posible.

En lo tocante a las medidas de formación, se aprecian muy distintas velocidades entre diócesis y demás instituciones de la Iglesia, al tiempo que -de nuevo- una gran dispersión.

Por lo que se refiere a las medidas de detección, comparten rasgos comunes en base a los indicadores físicos de comportamiento y las formas directa e indirecta de revelación del abuso (además de la forma de reacción a ello estableciendo obligaciones éticas y legales).

Por último, en relación a los procedimientos de actuación en sí son bastante similares, aunque a veces cambia la persona encargada del proceso o del acompañamiento de las víctimas.

Por lo demás, se aprecia también un estado de desarrollo desigual en la elaboración y aprobación de los protocolos y normas o códigos de conducta por parte de las diversas diócesis e instituciones de la Iglesia auditadas.

situación de “heterogeneidad” y “dispersión” apreciada en lo que se refiere a las medidas de prevención y procedimientos de actuación adoptados en el seno de la Iglesia, constituye una situación muy poco deseable por la desigualdad que comporta en lo que se refiere al tratamiento de la prevención de los abusos en el seno de la Iglesia, y porque la diversidad institucional consustancial a la Iglesia no puede ni debe justificar tal situación de heterogeneidad y dispersión.

c) La necesidad de un “protocolo marco” común de prevención y actuación con una regulación de mayor detalle

La tercera valoración específica es consecuencia lógica de la anterior, pues a la vista de esta última, un objetivo fundamental que cabría calificar incluso de “estratégico” para la Iglesia- sería conseguir una “homogeneidad” en las medidas de prevención, al menos para todas las diócesis y provincias eclesiásticas de la Iglesia en España, y que, a su vez, sirva para conseguir esa homogeneidad en el ámbito de los Institutos de Vida Consagrada, fundamentalmente Institutos Religiosos (integrados por una constelación extensa y diversa de órdenes y congregaciones religiosas), y así hacerlo extensivo a las demás instituciones específicas de la Iglesia.

Un medio adecuado y eficaz para conseguir ese objetivo fundamental propuesto sería la adopción de normas y pautas comunes a través de un “protocolo marco común de prevención y actuación” que contemple las mejores prácticas en el ámbito de la prevención de los abusos sexuales a menores o personas mayores vulnerables y revisado por asesores externos, que fuera adoptada por la propia Conferencia Episcopal Española (CEE), así como por la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS) y otras instituciones de la Iglesia no asociadas, a fin de evitar una dispersión y heterogeneidad que no se justifica.

Por lo demás, el “protocolo marco común” debe contemplar de manera sistemática el conjunto de medidas de prevención visto desde una perspectiva o dimensión integral, y una ordenación específica de tales medidas con el grado de detalle exigible.

De una parte, la perspectiva integral supone adoptar una visión completa y transversal de la prevención, que no se ciña a medidas tales, como pueden ser las directrices para la selección y contratación de personal, por un lado; y la formación, por otro. Y, de otra, la ordenación específica de las medidas con el grado de detalle exigible tiene por finalidad garantizar una regulación lo más homogénea posible, evitando así que los ulteriores posibles desarrollos no perjudiquen o desnaturalicen la existencia de una regulación completa y homogénea.

d) La previsión de protocolos especiales o especializados

En la misma línea argumental, es importante tener presente que la Iglesia desarrolla actividades propias muy diversas. Por ejemplo, la actividad celebrativa y litúrgica, la actividad evangelizadora, la actividad pastoral en sus diversas dimensiones, así como las actividades docente, sanitaria y asistencial y caritativa, entre otras; y ello requiere tomar en debida consideración las singularidades propias de cada actividad, y que, por razón de sus singularidades, las medidas de prevención pueden requerir de protocolos especiales o especializados por áreas sectoriales.

Tales protocolos debieran ser objeto también para toda la Iglesia en su conjunto.

e) La necesidad de adoptar una perspectiva integral de las medidas de prevención y de los procedimientos de actuación

Del examen de los protocolos de prevención y actuación adoptados, y salvo excepciones, resulta que adolecen de una falta de perspectiva integral, siendo así que sus contenidos son más bien parciales o fragmentarios (referidos, fundamentalmente, a los criterios de selección y contratación de personal y colaboradores de la Iglesia o de instituciones vinculadas a la Iglesia, incluido la exigencia de estar en posesión del certificado negativo de antecedentes en materia de delitos contra la libertad sexual y la formalización de declaraciones responsables,

En particular, se echan en falta medidas de prevención en el ámbito digital; o, dicho, en otros términos, la prevención frente a la utilización creciente de las tecnologías de información y comunicación digitales como cauce para la adquisición, conservación, exhibición o divulgación, en cualquier forma y con cualquier instrumento, de contenidos pornográficos sobre menores o personas vulnerables, que son comportamientos tipificados como delito tanto desde la perspectiva del ordenamiento canónico de la Iglesia como del ordenamiento civil del Estado.

Otro aspecto que debe ser reforzado en líneas general, y a salvo de excepciones, es el avance en la creación de entornos seguros o entornos protectores en los ámbitos más sensibles de acción de la Iglesia en el trato con menores o personas vulnerables y en particular los centros educativos, sanitarios o residenciales

Por otro lado, resulta de especial trascendencia, no solo que la Iglesia disponga de los protocolos de buenas prácticas en los términos señalados, sino cumplir, al propio tiempo, con unos estándares comúnmente admitidos en relación con las exigencias de publicidad y transparencia de las normas y medidas de prevención, contrastados por evaluadores externos.

La necesidad de difundir y explicar el sentido y alcance de las medidas de prevención de riesgos y de los procedimientos de actuación adoptados en el seno de la Iglesia

Cabe observar que no siempre se ha conferido la publicidad necesaria a los protocolos, normas y procedimientos adoptados, a través de los medios y formatos convencionales más habituales (portales web institucionales, comunicaciones electrónicas, etc.), pero también -y muy especialmente- a través de una difusión específica y capilar en el seno de las Diócesis y de las instituciones y realidades específicas de la Iglesia de esa información, a través de formas y cauces presenciales que permitan contribuir a un conocimiento real y efectivo.

f) La necesidad de revisión y actualización periódica de los protocolos de prevención y actuación que hayan sido adoptados

Los protocolos de prevención y actuación no se aprueban de una vez y para siempre, sino que deben ser objeto de las debidas revisiones y actualizaciones periódicas, para su adaptación a los estándares de mejores prácticas sobre prevención de abusos.

g) La necesidad de una autoridad de supervisión común

Sin perjuicio de la necesidad de adoptar un protocolo marco común por parte de la CEE con el detalle exigible, resulta igualmente conveniente en aras de garantizar la homogeneidad para cualesquiera otros instrumentos o medidas que puedan adoptarse por las diócesis y las demás instituciones de la Iglesia se erija una suerte de “autoridad de supervisión común” que supervise tales instrumentos o medidas en fase de proyecto o de propuesta y antes de su aprobación por el Obispo diocesano o autoridad análoga, evitando la heterogeneidad y dispersión injustificadas.

h) La necesidad de asumir el cumplimiento de las obligaciones legales de prevención impuestas por el ordenamiento jurídico civil del Estado

Sin perjuicio de las medidas de prevención y de actuación adoptadas que resulten procedentes en congruencia con los estándares de mejores prácticas comúnmente reconocidas, la Iglesia no debe ni puede permanecer ajena o indiferente frente a las obligaciones que, en orden a la prevención del riesgo de abusos sexuales, pueda imponer el ordenamiento jurídico civil del Estado.

Antes al contrario, la Iglesia en sus diversas expresiones o manifestaciones deberá cumplir -con carácter general- con la legislación civil del Estado y en particular con el régimen de obligaciones que puedan imponer las autoridades civiles del Estado, las establecidas con carácter general como las que puedan venir determinadas por la legislación sectorial en función del tipo o naturaleza específica de actividad o ámbito, siempre que tales disposiciones resulten de aplicación a la Iglesia, bien con carácter general, bien de modo parcial o indirectamente a través de las instituciones u organizaciones específicas pertenecientes a la Iglesia en cualquiera de sus expresiones o manifestaciones, pero que revistan carácter y forma civil y que ejercen su actividad en la sociedad o en el mercado en concurrencia con la iniciativa pública y/o con la iniciativa privada empresarial.

En este sentido, conviene hacer una revisión general del régimen de obligaciones legales que impone la legislación civil del Estado, tanto la legislación general, como la legislación específica de carácter sectorial.

i) La necesidad de diseñar e implantar un programa de cumplimiento normativo

En las diócesis e instituciones de la Iglesia auditadas no existe en ninguna de ellas un programa de cumplimiento normativo, con los rasgos y perfiles propios de un mapa de riesgos, órganos específicos e independientes de cumplimientos, sistema interno de denuncias con todas las garantías y un régimen sancionador para quienes incumplan lo dispuesto en las normas.

j) La mejor configuración de las oficinas de protección de menores y recepción de denuncias

La creación y puesta en funcionamiento de las “oficinas de protección de menores y de recepción de denuncias” en el seno de las diversas diócesis y de una parte relevante de las instituciones de la Iglesia ha constituido una iniciativa de indudable trascendencia y repercusión; y ello, además, complementado con la habilitación específica en el seno de la CEE de un servicio de coordinación y asesoramiento orientado a contribuir a su debida coordinación y a prestarles asistencia y asesoramiento en los diferentes ámbitos de actividad, que merece, sin duda, un juicio favorable.

Sin perjuicio de todo ello, del análisis, revisión y valoración del conjunto de los Decretos de creación de las oficinas de protección de menores resultan algunas observaciones:

Sobre la autonomía orgánica de las oficinas. En general, las oficinas creadas desde 2020 hasta la fecha, especialmente las diocesanas, no gozan de una posición de autonomía relevante; como lo prueba el que muchas veces -aunque no siempre- el director o responsable de la oficina sea el vicario general o vicario judicial u otro cargo pastoral de la diócesis. A su vez, la mayoría de las oficinas están situadas físicamente dentro de la propia sede episcopal, lo cual tampoco propicia esa necesaria autonomía.
Sobre la configuración de las oficinas. En general, la configuración de las oficinas se atiene a las directrices y pautas generales, si bien en una elevada proporción de casos, el director o responsable es un sacerdote o religioso, lo cual no resulta aconsejable .
En cuanto a su composición, se ha podido constatar que, en líneas generales, la composición es transversal y multidisciplinar, garantizándose la presencia de sacerdotes, profesionales del derecho, de la medicina, la psiquiatría y la psicología, entre otros.
Por lo que respecta a las funciones asumidas por las oficinas, no suelen variar en exceso. En tal sentido, es importante precisar que las funciones específicas propias son: la asistencia y auxilio al obispo diocesano o autoridad eclesial análoga, las relativas a la recepción de denuncias y primer tratamiento y toma de datos, la escucha, acompañamiento y asistencias a las víctimas, la iniciativa en materia de prevención y formación, entre otras. Por el contrario, quedan excluidas las competencias relativas a la investigación, enjuiciamiento y sanción en su caso de los hechos supuestamente delictivos
Se echa también en falta que la configuración o cambios en las oficinas debieran ser sometidas a una autoridad de supervisión común.

4.2.2 Valoración específica de las medidas de formación adoptadas como medio de prevención frente a los riesgos de abusos sexuales

A continuación, se aborda -específicamente y de manera separada- la valoración específica de las medidas de formación en materia de prevención, control y sensibilización adoptadas en el seno de la Iglesia Católica en España.

De todo lo que supone en sentido genérico “prevención” o “medidas de prevención” en general, quizás el ámbito de la “formación” es el que muestras signos de menos avance y desarrollo.

No hay una conciencia suficientemente arraigada –o al menos no suficientemente generalizada aún- acerca de la importancia de la formación como primera y fundamental medida de prevención; y, desde luego, más allá de la concienciación que pueda existir al respecto, solamente una parte de las diócesis e instituciones de la Iglesia auditadas han puesto en marcha y desarrollados programas de formación, y ello además con la programación, solvencia, capilaridad y continuidad exigibles.

No todas las diócesis e instituciones eclesiales que han sido auditadas los tienen adoptados, y las que los tienen, lo cierto es que están en una fase de desarrollo aún embrionaria o incipiente, faltos de una visión integral y sin adaptarse a las realidades diversas de la Iglesia, y faltos también de continuidad.

Se aprecia, en este punto, un cierto contraste entre la labor realizada por las diócesis en general y la que tiene lugar en el seno de ciertas órdenes y congregaciones religiosas, más avanzada.

Un aspecto primordial es la formación de los aspirantes al sacerdocio, a la vida religiosa y al diaconado, sobre el que por su incuestionable trascendencia se formularan observaciones y recomendaciones en el último apartado, el discernimiento vocacional y la selección y formación de aspirantes y, consiguientemente, el tratamiento que la materia de prevención debe tener en los programas de formación de los seminarios, noviciados y casa de formación en general, sobre lo cual se ha recibido escasa información.

Por último, también en este orden se aprecia una situación de absoluta heterogeneidad y dispersión en cuanto a los modelos y formulaciones adoptados y en cuanto a las velocidades observadas en su adopción.

Y de nuevo, las exigencias de formación serían más útiles y eficaces si efectiva si, tanto el diseño, enfoque y preparación, como la programación e impartición, y su necesaria revisión y actualización periódica, estuviera centralizada o integrada, al menos en lo esencial, y en todo caso debidamente coordinada la aprobación y/o supervisión de los planes y programas de formación.

Desde esta perspectiva, debe insistirse llamarse la atención sobre la la labor de coordinación y supervisión de la CEE respecto de las Diócesis y de CONFER y CEDIS, respecto a los institutos de visa consagrada y sociedades de vida apostólica y los institutos seculares respectivamente.

4.2.3 Conferencia Episcopal Española

La CEE aprobó en 2010 unas Normas y Protocolos de actuación para hacer frente a los abusos sexuales del clero, a saber:

Las “Normas Sustanciales”[5], aprobadas por la CEE (7 páginas).

El “Protocolo de actuación según la legislación del Estado”[6], aprobado por el Servicio Jurídico Civil dependiente de la Secretaría General de la CEE el 22 de junio de 2010 (6 páginas).

El “Protocolo de actuación de la Iglesia en España para tratar los casos de los delitos más graves cometidos contra la moral por parte de clérigos”[7], modificado a tenor de las nuevas Normas de la Santa Sede, y aprobado por la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos de la CEE en su reunión 267 celebrada el 22 de julio de 2010 (6 páginas).

a) Normas Sustanciales, aprobadas por la CEE

Las Normas Sustanciales aprobados por la CEE tienen el siguiente contenido:

Primera parte. – Normas sustanciales.

Segunda parte. – Normas procesales.

Título I.- Constitución y competencia del tribunal.

Título II.- El orden judicial.

b) Protocolo de actuación según la legislación civil del Estado, aprobado por el Servicio Jurídico Civil de la CEE el 22 de junio de 2010

El primer Protocolo aprobado por la CEE fue el “Protocolo de actuación según la legislación del Estado”[8], aprobado por el Servicio Jurídico Civil dependiente de la Secretaría General de la CEE el 22 de junio de 2010, que recoge “una serie de criterios orientadores, teniendo en cuenta la legislación española, concordada, doctrina científica y jurisprudencia recogidas, con la finalidad de ayudar a los Obispos, clérigos, religiosos e Instituciones eclesiásticas, sobre la forma de proceder en los casos que se puedan presentar respeto de clérigos, religiosos o por otras personas que trabajan en la pastoral de la Iglesia Católica y que impliquen agresiones o abusos sexuales a menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos”.

Este Protocolo contempla diversas situaciones o supuestos:

Primer supuesto: Agresión o abuso sexual denunciado a la autoridad eclesiástica sin previo conocimiento de las autoridades civiles.

El Obispo u otra autoridad eclesiástica es informado a través de una denuncia privada o tiene conocimiento por rumores, de la existencia de un presunto delito contra la libertad e indemnidad sexuales, supuestamente cometido por un sacerdote diocesano o un religioso. Estos hechos no son conocidos por la policía gubernativa, ni por la Fiscalía, ni por la Autoridad judicial.

Segundo supuesto: Agresión o abuso sexual denunciado directamente a la Policía o a la Autoridad judicial.

El Obispo o la autoridad eclesiástica respectiva es informado de la existencia de una denuncia ante la Policía, la Fiscalía o el Juzgado de un caso de agresión o abuso sexual, supuestamente cometido por un sacerdote diocesano o un religioso que presta sus servicios pastorales en la Diócesis. El asunto puede ya ser conocido por la opinión pública.

Tercer supuesto: Cuando la autoridad eclesiástica tiene conocimiento de un hecho que puede ser delito contra la libertad o indemnidad sexual a través de una confidencia del sacerdote o religioso presuntamente responsable (secreto ministerial).

El Obispo o la autoridad eclesiástica respectiva es informado o tiene conocimiento de que un hecho puede ser contra la libertad e indemnidad sexual a través de una confidencia el sacerdote o religioso presuntamente responsable (secreto ministerial).

c) Protocolo de actuación de la Iglesia en España para tratar los casos de los delitos más graves cometidos contra la moral por parte de clérigos modificado a tenor de las nuevas Normas de la Santa Sede

Por su parte, el segundo Protocolo aprobado por la CEE fue el “Protocolo de actuación de la Iglesia en España para tratar los casos de los delitos más graves cometidos contra la moral por parte de clérigos modificado a tenor de las nuevas Normas de la Santa Sede”[9], aprobado por la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos de la CEE en su reunión 267, de 22 de julio de 2010.

El Protocolo establece una serie de previsiones sobre cómo proceder en el tratamiento de los delitos más graves cometidos contra la moral por parte de clérigos, en los siguientes términos:

El apartado primero, “Tipificación vigente”, enuncia los delitos más graves reservados actualmente al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El apartado segundo, “Recepción de la denuncia”, dispone que el procedimiento comienza por denuncia recibida por el Obispo diocesano. Determina que la denuncia puede proceder directamente de la víctima, de un tercero (como parientes o cuidadores) o, incluso de los medios de comunicación. Establece un régimen específico para la denuncia anónima, formulada por quien desea permanecer en el anonimato. Previene, a su vez que toda denuncia deba ser recibida y tratada con diligencia y seriedad, y que ninguna puede ser desestimada sin una consideración atenta. Por último, dispone que, como norma general, la denuncia debe ser presentada por escrito, fechada y debidamente autenticada por un notario eclesiástico.

El apartado tercero, “Cumplimiento de la legislación del Estado”, establece que el Obispo diocesano y la autoridad eclesiástica en su caso observará las normas que, eventualmente, puedan establecer las leyes penales del Estado relativas a la información acerca de estos delitos; y, asimismo, colaborará en las investigaciones que puedan llevar las autoridades civiles. Añade que el proceso canónico se incoará y tramitará en su caso con independencia del que tenga lugar en el ámbito del Estado.

El apartado cuarto, “Juicio de verosimilitud de la denuncia”, prevé que, tras la recepción de la denuncia, corresponde al Obispo diocesano un primer juicio de verosimilitud, si bien se precisa que esta apreciación no supone toma de postura ni a favor ni en contra del acusado.

El apartado quinto, “Actuaciones subsiguientes”, determina las actuaciones subsiguientes al juicio de verosimilitud de la denuncia. Si el Obispo considera que la denuncia carece absolutamente de verosimilitud no se inicia el procedimiento ni se informa a la Congregación para la Doctrina de la Fe. De todo ello se da comunicación al denunciante y al acusado. Si se demuestra que una acusación era infundada, se tomarán todas las medidas para restablecer la buena fama de la persona falsamente acusada. Por el contrario, si el Obispo considera que la denuncia resulta verosímil, debe dictar un decreto para decretar la apertura de la investigación preliminar. Por lo demás, se prevé que, en cualquier momento de las actuaciones, el Obispo pueda, imponer medidas temporales de carácter cautelar desde el momento de inicio de la investigación preliminar.

El apartado sexto, “Prescripción de los delitos”, recuerda que la responsabilidad derivada de los delitos más graves contra la moral reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe se extingue por prescripción por el transcurso del plazo de veinte (20) años, sin perjuicio del derecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe de derogar la prescripción para casos singulares. Se recuerda, también, que la prescripción de tales delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de dieciocho (18) años comienza a computarse desde el día en que el menor cumple los dieciocho (18) años.

El apartado séptimo, “Inicio de la investigación preliminar”, dispone que, siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias, así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua. Precisa que la investigación preliminar no es un proceso judicial, sino una actuación administrativa destinada a que el Obispo haga un juicio de probabilidad acerca de si el delito fue o no cometido, siendo su objeto los hechos, las circunstancias y la imputabilidad del sujeto.

El apartado octavo, “Derechos del acusado”, establece como pauta general evitar que, por la investigación preliminar, se ponga en peligro la buena fama de alguien. Dispone también que se aconsejará al acusado que disponga de la debida asistencia jurídica, canónica y civil, si procede.

El apartado noveno, “Conclusión de la investigación preliminar”, prescribe que la persona nombrada para realizar la investigación remitirá el informe al Obispo diocesano, en el que indicará la conclusión a la que ha llegado acerca de la probabilidad o no de la comisión del delito y cómo ha procedido en el curso de la investigación. El Obispo, tomando en consideración el informe presentado y valiéndose, si lo estima oportuno, del asesoramiento de expertos, formula su propia opinión acerca de la probabilidad o no de la comisión del delito. La investigación preliminar concluye cuando el Obispo declara, mediante decreto, que se han reunido elementos suficientes para determinar la probabilidad de comisión del delito.

El apartado décimo, “Remisión de las Actas a la Congregación para la Doctrina de la Fe”, prevé que, concluida la investigación preliminar, el Obispo diocesano notifica a la Congregación para la Doctrina de la Fe el resultado de la investigación. La Congregación determina cómo proceder en el asunto. El votum del Obispo es objeto de consideración atenta por parte de la Congregación y tiene gran relevancia en la decisión que finalmente adopte acerca de la procedencia o no de la acción canónica y, en ese caso, de qué tipo.

El apartado undécimo, “Proceso canónico subsiguiente”, dispone que la Congregación para la Doctrina de la Fe revisará las actas de la investigación preliminar, considerará el votum del Obispo diocesano y adoptará la decisión más conveniente al caso: a) Devolver la causa al Obispo (con determinadas directrices, eventualmente, acerca del modo de actuar) para que lleve a cabo un proceso judicial en el tribunal diocesano; b) Reservar la causa al propio tribunal de la Congregación, para resolver mediante proceso judicial; c) En ciertos supuestos, de oficio o a instancia del Ordinario, decidir que se proceda por decreto extrajudicial; d) Presentar directamente casos gravísimos a la decisión del Sumo Pontífice para proceder a la dimisión del estado clerical junto con la dispensa de la ley del celibato, siempre que conste de modo manifiesto la comisión del delito y después de que se haya dado al reo la facultad de defenderse; y e) La Congregación puede requerir una ampliación de la información o una clarificación de los datos aportados.

El apartado duodécimo, “Sostenimiento del clérigo”, previene que, si el sacerdote o diácono no es expulsado del estado clerical, debe atenderse a su adecuado sostenimiento, si no se le puede confiar un oficio. Además, el Obispo diocesano deberá ayudar al clérigo que ha sido expulsado, si se encuentra en verdadera necesidad como consecuencia de la pena impuesta.

El apartado decimotercero, “Archivo de la documentación”, recuerda que la ley universal requiere que las actas de la investigación preliminar, los decretos de inicio y conclusión, y todos los documentos desde el momento de inicio del procedimiento se conserven en el archivo secreto de la curia, si no son necesarios para el proceso penal.

d) Aprobación de solicitud de un Decreto General adoptado por la CEE en su Asamblea Plenaria de noviembre de 202

En noviembre de 2021, se presentó a la Asamblea Plenaria de la CEE el borrador de un texto de Decreto General sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables, elaborado por la Comisión para la Protección de Menores y la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos.

Se informa que la Santa Sede había solicitado a la CEE tener presentes, para su incorporación al texto elaborado, las previsiones del Vademécum elaborado por la Santa Sede y que se haría público el posterior 16 de julio de 2020.

En la Asamblea Plenaria de la CEE celebrada en el mes de abril de 2019, se aprobó solicitar ante la Santa Sede autorización para promulgar un Decreto General, denominado Decreto General sobre los abusos sexuales de menores y quienes habitualmente tienen un uso imperfecto de razón, con leyes aplicables a todas las instituciones y diócesis de la Iglesia en España. El texto para cuya promulgación se interesaba autorización de la Santa Sede incorporaba ya las previsiones del Vademécum de la Congregación para la Doctrina de la Fe, las observaciones de ésta y las derivadas de la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico.

La propuesta de Decreto General estaba formada por un preámbulo y cuarenta artículos, distribuidos a lo largo de seis capítulos, con el siguiente detalle:

Preámbulo

Capítulo I.- El tipo penal de abuso sexual de menores

Artículo 1.- Delimitación del tipo penal

Artículo 2.- Penas

Artículo 3. Concurrencia de otras circunstancias penales

Artículo 4.- Obstrucción de la justicia y encubrimiento

Artículo 5.- Responsabilidad de los obispos y de los superiores mayores

Artículo 6.- Obligación de denunciar de clérigos y religiosos

Artículo 7.- Obligación de denunciar y testificar ante la jurisdicción del Estado de clérigos y religiosos

Artículo 8. Prescripción

Capítulo II.- Procedimiento inicial ante las denuncias en el ámbito canónico: Las actuaciones preliminares

Artículo 9.- Oficinas para la protección de menores

Artículo 10.- Funciones de las oficinas para la protección de menores

Artículo 11.- Examen de la denuncia por el ordinario

Capítulo III.- La investigación previa

Artículo 12.- Decreto apertura o de rechazo de la investigación previa

Artículo 13.- Criterios de competencia para abrir la investigación previa

Artículo 14.- Contenido del Decreto de apertura de la investigación previa

Artículo 15.- Medidas cautelares durante la investigación previa

Artículo 16.- Principios rectores y finalidad de la investigación previa

Artículo 17.- Hechos y circunstancias objeto de indagación en la investigación previa

Artículo 18.- El derecho del acusado de ser informado y atendido durante la investigación previa

Artículo 19.- Envío de las actas de la investigación previa al ordinario

Artículo 20.- Contenido del decreto que pone fin a la investigación previa

Artículo 21.- Envío de las actas a la Santa Sede

Capítulo IV.- Decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe y diversos aspectos comunes al proceso judicial y al administrativo

Artículo 22.- Decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe

Artículo 23.- Las medidas cautelares tras la decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe

Capítulo V.- El procedimiento extrajudicial

Artículo 24.- Decreto del ordinario de apertura del procedimiento extrajudicial

Artículo 25.- Inicio de la fase instructora: Citación al acusado

Artículo 26.- Presentación y admisión de las pruebas

Artículo 27.- Criterios generales de la práctica de las pruebas

Artículo 28.- Criterios específicos sobre la práctica de las pruebas

Artículo 29.- Publicación de las actas

Artículo 30.- Conclusión de la instrucción

Artículo 31.- Examen de las actuaciones por el ordinario, valoración de la prueba con los asesores, eventual pronunciamiento definitivo del Ordinario, y envío de los autos a la Sede Apostólica

Artículo 32.- Decreto decisorio

Capítulo VI. – El proceso judicial

Artículo 33.- Decreto del ordinario de apertura del proceso judicial

Artículo 34.- Acusación del promotor de justicia y citación del acusado

Artículo 35.- El decreto de litiscontestación

Artículo 36.- De la renuncia a la instancia judicial penal

Artículo 37.- De las pruebas

Artículo 38.- De las causas incidentales

Artículo 39.- De la publicación de las actas y de la conclusión y discusión de la causa

Artículo 40.- De los pronunciamientos del tribunal y demás normas aplicables.

Una vez aprobada la solicitud de aprobación en el seno de la Asamblea Plenaria de la CEE celebrada en el mes de abril de 2019, se dispuso dar traslado a la Santa Sede para que fuera autorizado por la Sagrada Congregación para los Obispos.

Consta que la aprobación de la propuesta de Decreto General no resultó finalmente autorizada.

En aquel momento, y después de evacuar consultas con diversos dicasterios y organismos de la Curia Romana concernidos, se consideró oportuno por parte de la CEE esperar a que se promulgara el Vademécum de la Sagrada Congregación para los Obispos, el Motu Proprio Vos estis lux mundi, así como la refirma del Libro VI del Código de Derecho Canónico.

A resultas de la promulgación de las anteriores normas y pronunciamientos de la Iglesia universal, el texto de la CEE previamente formulado se actualiza con las disposiciones establecidas en el texto definitivo del Motu Proprio Vos estis lux mundo aprobado el 30 de abril de 2022.

Finalmente, la Asamblea Plenaria de la CEE en su sesión celebrada en el mes de noviembre de 2022 acordó aprobar unas “Líneas Guía” para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores que se aplicaría de manera conjunta en todas las diócesis.

e) Creación y puesta en funcionamiento de las oficinas para la protección de menores y recepción de denuncias

Consta, igualmente, que, de conformidad con el Motu Proprio “Vos estis lux mundi” promulgado el 7 de mayo de 2019 y en vigor desde el 1 de junio de 2020, la Iglesia en España procedió durante el año 2020 a la apertura y puesta en funcionamiento de las oficinas preparadas para la protección de menores y recepción y tratamiento de denuncias por abusos sexuales.

En concreto, se abrieron doscientas dos (202) oficinas, de las cuales sesenta (60) fueron en el ámbito de las Diócesis de la Iglesia en España (ya fueren diocesanas o interdiocesanas); por su parte, las órdenes y congregaciones religiosas abrieron 142 oficinas pertenecientes a 121 órdenes y congregaciones religiosas (pues las instituciones de mayor dimensión abrieron oficinas vinculadas a las provincias).

Estas oficinas se reciben las denuncias o información sobre posibles casos de abuso sexual; además, las oficinas se encargan también del establecimiento de protocolos de actuación, así como de programar la formación para la protección de menores y adoptar las medidas de prevención de abusos.

Se ha procurado por la CEE documentación sobre las oficinas creadas para la protección de los menores y recepción de denuncias (en particular, cinco (5) documentos):

Presentación de prevención y formación para la protección de menores, de 22 de marzo de 2022 (8 páginas).

Actividades de las Diócesis en 2022 (1 página – gráficos).

Actividades de las Ordenes y Congregaciones Religiosas (1 página – gráficos).

Catálogo de libros sobre abusos sexuales (1 página).

Protocolo sobre la víctima, su acogida y la identidad de sus heridas (6 páginas).

f) Creación de un servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores y recepción de denuncias

Por su parte, tras ponderar la necesidad de formar un equipo de personas en el seno de la CEE que pudieren prestar ayuda y asistencia a las oficinas diocesanas y a las creadas en el seno de otras instituciones eclesiales, se acordó en su Asamblea Plenaria celebrada en noviembre de 2021 la creación de un “Servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas” con el objetivo de servir de apoyo y referencia a estas oficinas en el desarrollo de su actividad.

El Servicio quedó formado por la psiquiatra Doña Montserrat Lafuente que desempeñaba ya funciones en la oficina constituida en el seno de la Diócesis de Vic; Doña María José Díez, responsable de la oficina de la Diócesis de Astorga, el sacerdote Don Jesús Rodríguez Torrente, juez-auditor del Tribunal de la Rota, y Don Jesús Miguel Zamora, religioso de la Institución de los Hermanos de La Salle y Secretario General de CONFER y un sacerdote (Don Jesús Rodríguez Torrente, que asumió la coordinación del Servicio.

Así, la Iglesia Católica, Diócesis y oficinas de instituciones religiosas, se pretende garantizar una coordinación a través de este Servicio de orientación de las Oficinas de protección de menores de la CEE con la presencia de CONFER.

Desde su creación el Servicio de Coordinación y Asesoramiento para las Oficinas Diocesanas ha organizado encuentros nacionales con la participación del conjunto de las Oficinas de protección de menores y prevención de abusos constituidas en el seno de la Iglesia católica, y ha coordinado la información y los datos sobre el trabajo y actividades de dichas Oficinas.

En su último informe sobre los trabajos de las Oficinas de protección de menores y prevención de abusos durante el año 2022, el responsable del Servicio se refirió con detalle a la actividad realizada por las más de doscientas oficinas de protección de menores que las diócesis, las congregaciones religiosas y otras instituciones de la Iglesia crearon según lo previsto en el motu proprio del Papa Francisco Vos estis lux mundi. También se dio cuenta de los casos de abusos sexuales conocidos en 2022 que han sido puestos en conocimiento de estas oficinas.

En diciembre del pasado año, el Servicio de Coordinación y Asesoramiento solicitó a todas las oficinas la información relativa a 2022 para la elaboración del informe presentado, con las siguientes conclusiones:

Durante 2022 la actividad más importante de las Oficinas para la protección de menores y prevención de abusos ha sido la formación en la detección y prevención de abusos.

En este curso las distintas oficinas han organizado la formación a través de cursos y charlas de 153.906 personas.

La formación más intensa se ha dado en el ámbito escolar, con la formación de alumnos, profesores y padres. El grupo más numeroso al que se ha formado en estos temas ha sido al de niños y adolescentes, en los que participaron 103.854 personas.

También han recibido formación por parte de las Oficinas 21.195 profesores y 18.239 padres y madres. Al margen del ámbito escolar, recibieron formación 4.932 monitores, 2.926 catequistas y 2.724 sacerdotes.

Al mismo tiempo, las Oficinas están trabajando en el desarrollo de protocolos de prevención y actuación en casos de abusos. Algunas de estas oficinas han acogido los elaborados por CONFER y por la CEE.

En la actualidad 123 diócesis y congregaciones disponen ya de un protocolo en vigor. Además, se están desarrollando los códigos éticos y de buenas prácticas para la atención a las víctimas, que está ya disponible en 95 diócesis y congregaciones.

En 2022 se han presentado en las oficinas 186 nuevos testimonios relacionados con abusos cometidos entre 1950 y 2022.

De los 186, 70 han sido comunicados en oficinas diocesanas y 116 en oficinas de congregaciones religiosas. Las oficinas tienen una dimensión pastoral de acogida y acompañamiento, no realizan juicios ni dictan sentencias, por lo que la presencia en la oficina de los casos no determina ni la inocencia ni la culpabilidad, cuestión que compete a las autoridades judiciales civiles y/o canónicas. Cuando el caso lo requiere, la Oficina insta a la presentación en sede judicial o lo ponen en conocimiento de las instancias judiciales civiles o canónicas.

En relación al victimario, hay 74 clérigos consagrados, 36 clérigos diocesanos, 49 consagrados no clérigos y 27 laicos. Todos los victimarios son varones. De ellos han fallecido 90, 69 están vivos y no consta su situación en 27 casos.

En relación a las víctimas, 179 eran menores de edad en el momento en que se produjeron los hechos y 7 eran equiparables legalmente a un menor. En la actualidad, 166 víctimas son mayores de edad, 16 son menores de edad y 4 víctimas son equiparables legalmente a menores de edad.

Se ha procurado por la CEE documentación sobre el Servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas de protección de menores y personas vulnerables (2 páginas).

Objetivos del Servicio:

Coordinación e impulso de las Oficinas diocesanas.

Formación.

Asesoramiento.

Ayuda jurídica.

Colaborar en programas de prevención y protección de menores y personas vulnerables.

Relaciones institucionales.

Comunicación

Posibles actividades

Miembros del Servicio de Coordinación

g) Instrucción aprobada por la CEE

Más recientemente, la Asamblea Plenaria de la CEE celebrada del 17 al 21 de abril de 2023 acordó aprobar el contenido de la solicitud de aprobación de Decreto General -finalmente no aceptada por la Santa Sede- en forma de Instrucción, denominada “Instrucción de la Conferencia Episcopal Española sobre abusos sexuales (Especial referencia a los casos de menores, quienes habitualmente tienen un uso imperfecto de razón y aquellos a los que el derecho reconoce igual tutela)”.

Se aprueba así en forma de “Instrucción” para la Iglesia en España el contenido que formaba parte en esencia de la anterior propuesta de Decreto General actualizada en los términos anteriormente indicados.

En su presentación se hizo constar que la Instrucción es “la primera de esta naturaleza emanada por una Conferencia Episcopal en todo el mundo, unifica y tiene vigencia para toda la Iglesia en España. De esta manera se evita la proliferación de normas particulares y se refuerzan las garantías jurídicas”.

Se indicaba también que: “La instrucción pone en el centro la protección de los denunciantes, sin perjuicio para los derechos de todas las partes. Las Oficinas de Protección de menores reciben los testimonios y se llevan a cabo los primeros pasos, entre ellos, el asesoramiento y guía de posibles procedimientos judiciales. Además, durante las investigaciones previas, la instrucción prevé poner a disposición de la persona denunciante y sus familias acompañamiento espiritual, médico y psicológico. También amplía la comunicación con víctimas y denunciantes en los distintos momentos procesales, a fin de que puedan hacer valer los derechos que les correspondan”.

Se añadía que: “Recoge en un solo documento toda la normativa canónica vigente que regula la actuación eclesial, así como la comunicación de los hechos a las autoridades civiles. Especialmente se aclaran los periodos de prescripción de delitos, las modificaciones legislativas de estos años y se refuerza el principio de escritura para garantizar todo el proceso”.

Se concluía señalando que “este documento de la CEE refuerza el Derecho Penal, pero no lo sustituye. En la instrucción se insiste en la obligación de los obispos, sacerdotes y miembros consagrados de colaborar con la justicia penal de cada Estado, incluida la denuncia y testificación durante el proceso”, y que “también señala la obligación de colaborar con la Fiscalía. Si en el transcurso de la investigación se obtienen pruebas o indicios racionales de la comisión de un delito, el superior del lugar está obligado a informar a la Fiscalía”.

El texto de la Instrucción consta de un preámbulo y cuarenta artículos, distribuidos a lo largo de seis capítulos, con el siguiente detalle: